Para describir la sevicia de estos hechos, el testimonio de una de las víctimas menciona que: “...Al amanecer del domingo cuando ya toda esa gente se había ido, algunas personas del pueblo fueron a ver si podían sacar los cuerpos del río. Los jalaban con palos, tratando de alcanzarlos..., pero no podían. Mi papá estaba entre ellos. Pero aquella gente volvió, preguntando a los que allí se encontraban, si querían que les pasara lo mismo. Entonces le rajaron el estómago, así ya muerto, y le metieron piedras, lo levantaron como un potrillo y lo volvieron a tirar bien entrado al río, dizque porque “...a éste no queremos siquiera que lo entierren... ” No sé por qué se ensañaron tanto con él. Que yo sepa a mi viejo fue al único que le robaron, que yo sepa las propiedades de mi papá fueron las únicas que prácticamente destruyeron, que yo sepa todo el odio recayó sobre mi papá. Él fue la primera persona que cogieron cuando llegaron al pueblo, preguntando por “Catumare”, porque ni siquiera el nombre se lo sabían.Todo esto, porque era dirigente de la Unión Patriótica. Y yo nada de esto sabía....”
En septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable por esta masacre y lo condenò a garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, justicia y reparación frente a estos hechos: "(…) la Corte ha llegado a la conclusión de que la responsabilidad internacional del Estado se ha generado por un conjunto de acciones y omisiones de agentes estatales y de particulares realizadas en forma coordinada, paralela o concatenada con el propósito de perpetrar la masacre. En primer lugar, dichos agentes colaboraron en forma directa e indirecta en los actos cometidos por los paramilitares y, en segundo lugar, incurrieron en omisiones en su deber de protección de las víctimas contra dichos actos y en su deber de investigar éstos efectivamente, todo lo cual ha desembocado en violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención. Es decir, puesto que los actos cometidos por los paramilitares contra las víctimas del presente caso no pueden ser caracterizados como meros hechos entre particulares, por estar vinculados con conductas activas y omisivas de funcionarios estatales, la atribución de responsabilidad al Estado por dichos actos radica en el incumplimiento de sus obligaciones convencionales erga omnes de asegurar la efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones inter-individuales".
Sin embargo, los derechos de las vìctimas no han sido totalmente satisfechos, no ha existido un reconocimiento público del Estado aceptando su responsanbilidad, ni algùn tipo de reparación simbólica que recuerde la indignaciòn frente a esta masacre, no se ha hecho lo posible por dar con los cuerpos de los desaparecidos en fosas comunes y las condiciones de vulnerabilidad de la población aun siguen vigentes.El derecho a recordar y a mantender encendida al luz de la memoria sigue siendo un acto peligroso, lo cual se demostró en el desarrollo de esta Caravana, donde las organizaciones convocantes recibieron amenazas mediante correos electrónicos firmados por las Aguilas Negras de Bogotá Bloque Mayor. Días antes de la actividad los habitantes de Mapiripan fueron intimidados mediante panfletos en los que se amenazaba a quienes participaran en estas actividades y, finalmente, el dia 18 de julio cuando los 450 participantes se encontraron en San Jose del Guaviare se presentaron seguimientos de supuestos miembros de inteligenia militar que interrogaron, tomaron fotos y grabaron a algunos participantes de la Caravana.
POR LA VIDA, LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA
MANTENGAMOS ENCENDIDA LA LUZ DE LA MEMORIA
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